Hablemos a calzón quitao, como latinos que somos -y que no vengan mis amigos de La España, a decir que ellos no son latinos, porque lo son-.

Respondámonos una pregunta con el corazón en la mano, ¿cree Ud. que existe, en alguno de nuestros países, algún organismo de fiscalización que sea a prueba de corrupción y con recursos suficientes para enfrentar cualquier tarea de fiscalización, por grandioso que resulte el reto que se le imponga?

Respondámonos igualmente, otra pregunta, otorgando incluso el beneficio de la duda a quien corresponda, ¿puede Ud. encontrar en la vasta comunidad internacional, que conozca, una institución capaz de honrar una tarea como la propuesta en la pregunta anterior?

Finalmente, entre nos, ¿a la luz de lo que han sido las experiencias internacionales de cooperación como las Naciones Unidas, cree Ud. que, ante la imposibilidad de encontrar el organismo propuesto en las preguntas anteriores, éste pueda conformarse con una cantidad significativa de pequeñas organizaciones que luego, en grupo, logren reunir tales condiciones?

Yo digo que no, en los tres casos.


Luego a calzón quitao, con corazón en la mano y entre nos, ¿cree Ud. sinceramente, que puede fiscalizarse efectivamente un espacio geográfico, que caiga en manos privadas, si el área total a monitorear es equivalente a 5 veces la superficie de Venezuela, es decir 5.000.000 Km2 -CINCO MILLONES de Km. cuadrados-?

¿A qué vienen todas estas preguntas?

Paso a replicar, íntegramente, la noticia publicada hoy por el diario Argentino el Clarín. Noticia a mi juicio terrible, apocalíptica, sin precedente.

«Pero antes aclaro: ¡me sabe a mierda lo que diga Greenpeace al respecto! y por mi Lula da Silva se puede morir mañana mismo.»


Brasil: Lula aprueba una polémica ley que privatiza la selva amazónica

Unos la llaman el "gran legado" del presidente Lula da Silva para el Amazonas. Otros la consideran una entrega de la selva al capital privado, sobre todo extranjero. Así, la nueva ley que regula la explotación económica de una de las mayores matas tropicales del mundo, nace en medio de controversias. Sancionada ayer por el presidente brasileño, había más incertidumbres que certezas sobre los efectos que la legislación tendrá sobre los 5.000.000 de kilómetros cuadrados cubiertos por esa portentosa floresta (el 60% en manos estatales), uno de los pocos pulmones del mundo que siguen en pie.


La ley, aprobada hace un mes por el Congreso brasileño, representa una privatización del llamado Amazonas Legal: abre la concesión de las florestas públicas a la iniciativa privada, aun cuando conserva la titularidad de la tierra en manos del Estado. Condenada por algunas organizaciones ambientalistas, la norma es defendida por otras ONG como Greenpeace.

El objetivo oficial para privatizar mediante licitación pública la explotación amazónica es que se evita, así, la apropiación ilegal de las tierras por aventureros que se las ingeniaban para fraguar títulos de propiedad sobre posesiones estatales. Uno de los casos más renombrados fue el de Cecilio do Rego Almeida, dueño de una empresa constructora que se apropió sin más de 5 millones de hectáreas en el sur del estado de Pará. La otra función de la ley es garantizar al Estado brasileño un canon por las áreas concesionadas, tal como ocurre con los servicios públicos privatizados, por ejemplo YPF de Argentina. Es plata que entraría al fisco a cambio de permitir que las empresas conviertan el Amazonas en un sitio de explotaciones económicas "sustentables": desde la extracción maderera hasta su uso para producción de medicamentos.

En teoría, esto debería "reordenar" las actividades en el medio amazónico. Así, la ley crea el Servicio Forestal Brasileño, que no existía hasta ahora, le otorga la facultad de identificar los bloques —especies de yacimientos— de selva que podrán ser explotados en los próximos diez años y, también, le da la tarea de organizar el proceso licitatorio. Los pedazos de selva a privatizar no son homogéneos. La ley establece tres tamaños: pequeños, medianos y grandes; esa distinción tiende, según el gobierno, a garantizar que accedan al tesoro amazónico empresas de distinto rango: desde pymes hasta grandes nacionales y multinacionales. A éstas se les pide apenas que tengan una filial con oficinas en Brasil.

El plazo de las concesiones llega a ser de hasta 40 años. Y por toda prevención para un uso "sustentable" se establece una auditoría de la gestión forestal cada tres años. Para los detractores de la nueva legislación, es tiempo de sobra para que las empresas puedan provocar desastres ecológicos sin culpa ni pena, y sobre todo, sin que se entere el Estado brasileño.

Como se trata de una ley sancionada por un gobierno como el de Lula y una ministra popular como Marina Silva —nacida en una familia de obreros del caucho— ésta incluye un costado social. Prevé crear unidades de conservación de las florestas nacionales que serán dedicadas a una producción sustentable. Dicho de otro modo, se les da algún espacio a quiénes exploten frutos amazónicos para uso comunitario y comercial de pequeña escala. Es el caso de las comunidades negras y poblados indígenas.

En esta iniciativa, un objetivo confeso es atraer el capital privado para explotar la madera y la biodiversidad del Amazonas; todo esto, en nombre de propender a una "floresta productiva". Con la salvedad oficial de que deberá ser "autosostenida" y proteger la biodiversidad, además de integrarse a la política científico-tecnológica nacional. Los detractores de la ley son implacables. Sostienen que ésta no impedirá la extracción abusiva de la madera; esto es, seguirá viento en popa la tala indiscriminada de árboles. Muchos técnicos consideran que las concesiones forestales no serán suficientes para mejorar el control sobre la industria maderera. Subrayan, incluso, las experiencias en otros países amazónicos donde leyes similares demostraron su falta de eficacia. Afirmar que las concesiones en lugares remotos de difícil acceso no sirven para evitar que las madereras hagan trampa y continúen con extracciones ilegales de maderas preciosas.

La ley fue duramente cuestionada por el Instituto de Abogados de Brasil. Según el coordinador de la Comisión de Derecho Ambiental, Marcos Montenegro, "viabilizar la privatización del Amazonas representa entregarla al capital extranjero".